Redacción.- A partir de este miércoles, 1 de Septiembre, se liberan de peajes las autopistas de peaje AP-7 desde Tarragona a la Junquera y la AP-2 desde Zaragoza a El Vendrel (Tarragona) ambas utilizadas masivamente por más de 12.000 transportistas diariamente en dirección a la frontera francesa. La eliminación del peaje, según informa Fenadismer, les podrá suponer un alivio económico de casi 2.000 euros anuales por camión.
La federación muestra una vez más su satisfacción porque este año 2021 se liberalicen nuevos tramos de autopistas de peaje en España, una vez van venciendo los contratos de concesión que ostentan las empresas explotadoras de dichas vías de alta capacidad que durante más de cinco décadas han estado gestionándolas, lo que les ha permitido amortizar en todo este período hasta 50 veces las inversiones realizadas para su construcción y mantenimiento, vía recaudación por los peajes cobrados.
En la actualidad, España cuenta aún con un total de 3.223 kilómetros de pago en 39 carreteras de su red viaria; de hecho sólo 21 provincias españolas están libres de vías de peaje. Sin embargo, en estos últimos años en varios tramos han ido expirando sus concesiones, pasando a formar parte de la red pública estatal. Así, a finales del 2018 venció la concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, que sumó 84 kilómetros de longitud quedando liberada completamente de peaje, uniéndose a ella desde Enero de 2020 las autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona, con un total de 474 kilómetros, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, con un recorrido de 94 kilómetros. A ellas se unirán este miércoles 1 de Septiembre el tramo de la AP-7 desde Tarragona hasta la frontera de la Junquera y la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que suman en total 640 kilómetros más libres de peaje.
En el caso del transporte profesional, el final de la concesión de la AP-7 “liberará” a los transportistas del peaje obligatorio al que estaban sometidos desde 2013, al prohibirse su circulación por la carretera nacional paralela, y que se puso en marcha ese año en todo el tramo de la provincia de Girona y desde el año 2018 en el resto del territorio catalán y parte de la provincia de Castellón, lo que ha supuesto durante todos estos años soportar obligatoriamente el pago de un peaje a los más de 12.000 camiones que diariamente cruzan la frontera francesa por esta vía, casi un tercio del total de vehículos que la atraviesan.
Fenadismer considera que la eliminación de los peajes de las autopistas aporta indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional, ya que permite una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes, basando la elección por una u otra vía por parte de los conductores no en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje.
Ello permite un importante trasvase de vehículos particulares que actualmente circulan por las carreteras nacionales a las autopistas de peaje por su mejor trazado y velocidad máxima permitida, lo que posibilita una utilización más racional de las carreteras nacionales por los vehículos de transporte que así las elijan en función del destino de la mercancía, al tener los camiones limitada técnicamente su velocidad a 90 kilómetros/hora.
Para la federación, esta paulatina liberación de las autopistas de peaje contribuye a rebajar de forma importante la actual factura en concepto de peajes que soportan los transportistas españoles, en torno a 1.900 euros anuales por vehículo, según consta en el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera que publica periódicamente el propio Ministerio de Transportes, teniendo en cuenta que en algunas autopistas españolas, como en el caso de los tramos ahora liberados, los camiones tienen obligada su circulación conforme a las restricciones que anualmente aprueba la Dirección General de Tráfico.
Por su parte, aunque también está prevista la finalización el 1 de Septiembre de la concesión de las autopistas C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), ambas dependientes de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno autonómico se estaría planteando la posibilidad de establecer algún sistema de pago por uso en parte de la red de carreteras catalanas, que se uniría al anuncio del Gobierno español de aprobar la posible implantación de peajes en las autovías y carreteras nacionales a fin de financiar su mantenimiento, aunque dicha decisión no está definitivamente tomada.
En este sentido, Fenadismer recuerda el compromiso por escrito del Gobierno con las asociaciones de transportistas el mes de Julio del pasado año, estableciendo que cualquier decisión al respecto requerirá en todo caso el consenso del sector del transporte.
Fuente: diariodetransporte.com
