El pasado 22 de noviembre se celebró en la sede del Ministerio de Fomento el Plan Nacional de Inspección para el transporte por carretera que está previsto para el año 2020. La presentación del Plan ha correspondido a la Subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento junto con responsables de inspección de Cataluña, Aragón y Madrid.

El plan se centrará sobre todo en la inspección de empresas de transporte extranjeras que trabajan en España, más concretamente en aquellas deslocalizadas (llamadas empresas buzón). Así, se cumple la Directiva europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera, la cual lleva aplicándose desde el año 2016 en colaboración con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.

Esta Inspección se realiza tanto en carretera a vehículos pesados y ligeros, como a las empresas cargadoras. El problema radica en la poca investigación de las empresas ya que la regulación normativa actual limita este aspecto. Por ello, se espera una próxima aprobación del paquete legislativo europeo de movilidad que abra puertas a un control mucho más específico de las empresas extranjeras deslocalizadas.

Algunas de las actuaciones del Plan que se llevará a cabo en 2020 son:

  • Control sobre negocios colaboradores online, especialmente empresas de paquetería.
  • Según recoge el nuevo ROTT, anualmente se irán controlando al menos un 25% de las empresas de transporte para regular la correcta contratación del gestor de transportes.
  • Introducción de nuevas tecnologías en la Inspeccióny como novedad, control biométrico de alumnos asistentes a cursos del CAP de conductores profesionales.
  • Control anual de tiempos de conducción y descanso de los vehículos de transporte obligados a llevar tacógrafo en España.
  • Se mantendrán las inspecciones en grandes centros generadores o destinatarios de cargas como plataformas logísticas, carga de puertos marítimos, etc.
  • Se seguirán llevando a cabo inspecciones y controles de las cooperativas de trabajo asociado, sobre todo a aquellas cuyos socios no están correctamente dados de alta como transportistas en el censo fiscal y tributan por módulos.