La primera valoración positiva procedente del mundo del transporte por carretera que recibe el nuevo Gobierno que está a punto de echar a andar en España tras la investidura de Pedro Sánchez el pasado 7 de enero, ha llegado de la mano de Fenadismer, organización que no duda en señalar que el pacto de Gobierno PSOE-Podemos «introduce medidas necesarias de apoyo a las pymes», para matizar que «se echa en falta concretar medidas de apoyo al sector del transporte».
Desde el colectivo que preside Julio Villaescusa defienden que «la situación de provisionalidad y parálisis política durante el último año ha afectado negativamente al desarrollo económico y social en nuestro país, lo que hace necesario conformar un nuevo Gobierno a la mayor brevedad que permita abordar los principales retos a que se enfrenta la sociedad española en esta nueva legislatura».
Para Fenadismer, todo el elenco de medidas que se recogen en el acuerdo de gobierno de apoyo a las pymes, a través del establecimiento de mecanismos financieros y técnicos dirigidos a su innovación e incentivos fiscales para la mejora de su eficiencia y para el fomento de su transformación digital, son «convenientes y necesarias».
Por otra parte, en materia tributaria directa, también consideran positiva la propuesta de reducción de la fiscalidad que soportan las pymes, «reduciendo la actual brecha fiscal existente con la que disfrutan las grandes empresas, aunque se echa en falta que no se contemple un plan de mejora de la fiscalidad específica para los autónomos».
En lo que se refiere a la tributación indirecta, el acuerdo establece que cualquier aumento en la fiscalidad medioambiental no recaerá sobre los autónomos y las pymes, por lo que en desarrollo de dicho compromiso Fenadismer exigirá que ante cualquier subida en el impuesto de los carburantes queden exentos todos los subsectores del transporte por carretera, avanzan.
Por lo que respecta al ámbito socio-laboral, el análisis de Fenadismer destaca que la paulatina subida del Salario Mínimo Interprofesional «contribuirá a armonizar los salarios que se perciben en el sector del transporte por carretera, que actualmente presentan notables diferencias en base a los 51 convenios provinciales que establecen las cuantías salariales».
Asimismo, la propuesta de suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, que introdujo la reforma laboral, «no tendrá consecuencias prácticas sobre las pymes y los autónomos, ya que de dicha ventaja competitiva en la práctica sólo se han venido favoreciendo las grandes empresas», consideran.
Además, la referencia recogida en el acuerdo relativa a una actuación efectiva contra las deslocalizaciones «debe traducirse en combatir de forma efectiva la competencia desleal que ejercen las denominadas “empresas buzón”, domiciliadas en países del Este de Europa pero que operan de forma permanente en el mercado de transporte español, perjudicando gravemente el tejido empresarial español», advierten desde esta organización de transportistas.
En materia de competencia, el acuerdo, señala Fenadismer en su análisis, contempla perseguir las prácticas de competencia desleal y/o abuso de posición dominante de las grandes empresas multinacionales que perjudican a autónomos o pymes, «que han sido relevantes en el sector del transporte, de los que cabe citar el cártel de fabricantes de camiones o las prácticas concertadas de fijación de precios por parte de las petroleras», señalan, para lamentar que «lamentablemente el acuerdo no recoge expresamente el establecimiento de un régimen sancionador que actúe contra la morosidad».
En el ámbito sectorial del transporte, las referencias incluidas en el acuerdo se limitan a medidas de impulso de la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística, el establecimiento de ayudas económicas que fomenten el uso del vehículo con energías alternativas y la revisión del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad para garantizar su sostenibilidad y uso eficiente.
Al respecto, Fenadismer considera que dicho acuerdo no ha reconocido la importancia y necesidades específicas del sector del transporte por carretera, pese a que representa más del 5% del PIB, da empleo a más de 600.000 trabajadores y contribuye a las arcas públicas en más de 20.000 millones de euros anuales, por lo que una vez que el Gobierno sea finalmente nombrado e inicie su actividad, «se solicitará con carácter inmediato la convocatoria de una Mesa de Trabajo para reactivar la negociación de las medidas que planteó el sector al anterior Gobierno a finales de 2018, y que quedaron suspendidas tras la disolución de las Cortes a mediados del pasado año», anuncian.
