Más de la mitad de los vehículos para el transporte de mercancías en Barcelona sufrirá desde enero de 2021 la prohibición de acceder a la nueva Zona de Bajas Emisiones (con una extensión de 95 km2) que se ha implantó el pasado 1 de enero. Para ser más específicos, la medida afectará al 56% de los comerciales ligeros y el 59% de los pesados actualmente en circulación y que no cuentan con ningún distintivo medioambiental expedido por la Dirección General de Tráfico.
La medida es rechazada por las principales asociaciones de transportistas «por ser absolutamente inasumible y poco realista», critican desde Fenadismer, de modo que la Asociación General de Transportistas de Cataluña AGTC, federada en la organización que preside Julio Villaescusa, denuncia que la aplicación de dicha restricción supondrá en la práctica «expulsar del sector a más de la mitad de la flota que actualmente opera en la Ciudad Condal».
La Zona de Bajas Emisiones se extiende por una superficie superior a los 95 km2 para englobar todo el término municipal de Barcelona (excepto la Zona Franca Industrial y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes), los municipios de Sant Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.
Desde el pasado 1 de enero está restringida la circulación dentro de la zona de bajas emisiones del ámbito de las rondas de Barcelona a los vehículos turismos, motos y ciclomotores que no dispongan de distintivo ambiental, de lunes a viernes en horario de 7 a 20 horas. A partir de 2021, la Ordenanza amplía la prohibición de circulación dentro de la ZBE del ámbito de las rondas de Barcelona en el horario antes indicado a las furgonetas, camiones y autobuses que no dispongan de etiqueta de la DGT.
Así las cosas, la asociación catalana de transportistas AGTC rechaza la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, al considerar dicho objetivo inasumible e inalcanzable por lo siguiente:
-No existe en el mercado alternativa tecnológica para los vehículos pesados, que solo pueden ser propulsados por motores diesel.
-Porque obliga a sustituir alrededor de 24.000 camiones y furgonetas, esto es, casi la totalidad del parque de vehículos de transporte nuevos que anualmente se adquieren en toda España.
-Porque la producción está conformada casi al completo por autónomos y micropymes, con escasa capacidad financiera.
-Porque la Administración no garantiza que los vehículos que hoy se adquieran y puedan circular por Barcelona lo puedan seguir haciendo de aquí a cuatro años. No hay seguridad jurídica.
-Porque el coste de adquisición va desde los 30.000 euros hasta los 120.000 euros por vehículo.
-Porque no hay políticas activas por parte de la Administración que faciliten la reconversión del sector.
-La mayoría de autónomos y pymes se verán obligados a abandonar la profesión al no poder hacer frente a la renovación de flotas. En algunos casos por su avanzada edad y en otros, por el gasto financiero.
