Tras hacerse pública la intención del Gobierno de España de implantar un pago por usar las carreteras, de forma gradual, a partir del año 2024, tal y como se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a la Comisión Europea, la Asociación Española de la Carretera, ha propuesto una serie de medidas que mantienen el objetivo inicial del Gobierno y aportan ciertos mecanismos reguladores ante un panorama generalizado de pago por uso.
La AEC recuerda que la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros y que, a partir del año 2009, ha sido abandonado a su suerte, víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos. Según sus propios estudios la red viaria española acumula un déficit de mantenimiento cifrado en 7.500 millones de euros, que ha supuesto, además, un incremento en las emisiones de gases de unos 25 millones de toneladas de CO2 en la última década.
La ACE ha propuesto una herramienta de financiación, desarrollada hace una década, que permitiría recuperar los déficits de conservación acumulados, mejorar la calidad del servicio y optimizar la movilidad gracias a la digitalización y la gestión medioambiental. Todo ello asociado al pago por el sobreuso de las vías. Es decir, solo se pagaría a partir de un determinado número de kilómetros recorridos o por razones ambientales; es el llamado Bono de Movilidad.
Entre otras medidas, el Bono de Movilidad incluiría la circulación libre y gratuita de todos los vehículos hasta 10.000 kilómetros anuales los vehículos ligeros, y 50.000 kilómetros los pesados; el control georreferenciado integral y pago mediante un terminal embarcado. Unos precios de entre 0,03 € los ligeros y 0,10 € los pesados desde el kilómetro 10.001 y 50.001, respectivamente. La optimización de la demanda (por ejemplo, gratuidad nocturna para vehículos pesados) y de la información y servicios asociados. Y la declaración de ingresos finalistas con la creación de un fondo exclusivo para carreteras y transporte, gestionado por una agencia específica.
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